Hay determinadas instituciones que por su influencia dentro de la socialización primaria son determinantes a la hora de prevenir o impulsar a los jóvenes hacia la delincuencia.

Esto ocurre en varios campos:

- En el campo de la educación escolar, donde pueden generarse reacciones de   despecho social, agresividad y violencia, propiciados por una sensación de   fracaso ante un contexto de competitividad y donde sólo se valora el éxito. Se   tiende a juzgar como poco valioso al niño que “fracasa”, creándoles   sentimientos de frustración.

- En el campo socioeconómico y de relaciones sociales, donde las precarias   condiciones económicas y unas relaciones sociales distorsionadas influyen de   manera negativa en el niño. Esto desfavorece su adaptación social y la   convivencia con otras personas. Están desorientados.

- En el campo de las relaciones laborales, donde los menores son utilizados   como una fuente de ingresos económicos, incluso para sus propias familias.   Se les explota laboralmente para conseguir un beneficio económico.

- En el campo de determinados grupos étnicos, cuyo aprendizaje de la   delincuencia no es componente cultural de esta raza sino una actitud de   defensa ante las circunstancias discriminatorias y marginales a las que tienen   que hacer frente.

- En el entorno consumista de drogas y otro tipo de sustancias nocivas, dando   lugar a una criminalidad endógena (delitos de imprudencia o dolo eventual) y   exógena (falsificación de recetas, tráfico de estupefacientes o delitos contra la   propiedad).

- En el campo de los medios de comunicación donde se presenta al delincuente   como un héroe, víctima de la sociedad. A través de los medios audiviosuales   están expuestos a estímulos antisociales que no saben interpretar, de tal   forma que la violencia se presenta como algo normal.

- En el campo del tráfico de menores, donde son utilizados como cosas   mediante la explotación, el sometimiento, la prostitución o el desarraigo   familiar.

- En el campo de la política criminal infantil, de tal forma que cuando el menor   tiene que interactuar con autoridades y funcionarios éstos los traten   adecuadamente, sin   emplear un lenguaje duro, sin usar la violencia física ni   mezclándolos con delincuentes adultos.